Pingo existe, es de carne, hueso y un pedazo de pescuezo

Para quienes dudan de la existencia de Pingo, el perro que en la casa de ustedes se siente el amo, les comparto esta imagen, que fue tomada mientras ambos reflexionábamos sobre la marcha del mundo.
Por supuesto y para que sobre precisión, su servidor es el de pantalón de mezclilla.

La foto fue tomada por Azalea Davis, en uno de sus incontables momentos de ociosidad.

Tenencia para Pingo

 Pingo, el perro que en la casa de ustedes se siente el amo y que es muy dado a opinar en esta columna ha vuelto al lugar de sus éxitos y hoy quiere opinar, entre indignado y espantado al conocer la noticia de que está en peligro de ver coartados sus derechos caninos –ignoro cuáles sean, pero así dice él- si los asambleistas del D.F. llegaran a aprobar una propuesta de ley que pretende imponer un pago por tenencia de mascotas.

El inteligente can dice que cómo es posible que los ciudadanos permitan semejante atropello, que ha llegado hasta los legisladores con el pretexto de proteger mejor a las mascotas cuyos dueños deberán de pagar al gobierno por darse ese capricho de tenerlos.

Pingo asegura que eso de quitar derechos con el pretexto de defender otros ya es un truco viejo, y asegura que le da miedo porque ya ha funcionado ese tipo de cosas aplicadas a humanos, lo que le da certeza de que el proyecto contra los canes y otros seres de cuatro patas habrá de progresar.

Para colmo, dice que no hay quien les defienda de eso que llamó abuso, porque nadie busca protección o se opone a cosas peores, como –especificó- la reforma a la ley de seguridad nacional, que pretende dar poderes al Ejecutivo para suspender garantías individuales sin tanto trámite como ahora se requiere.

Y dice que si en algo que nos va a afectar tanto ni nos defendemos –se refiere a nosotros los humanos- menos habrá voces que impidan lo de la aplicación de la tenencia.

Recalca que si tal impuesto llegar a aprobarse, en protesta patriótica nunca iría al Distrito Federal (un lugar al que por cierto nunca ha ido) sin importar que lo reclamaran alguna vez para cuestiones incluso de seguridad nacional.

Como puede usted apreciar, amable lector, no es paranoia, sino verdadera indignación.

Cansancio

La guerra de desgaste que a diario escenifican los priistas y los panistas (cada uno esmerado en darle lo más escandalosamente posible al adversario) ha llegado a niveles de exagerada falta de sensibilidad, pues a quienes boicotean las acciones lo mismo del Ejecutivo estatal que del alcalde de Cuernavaca no les importa lo que pensemos los ciudadanos, ni mucho menos las molestias que nos causan y, sobre todo, el dinero que hacen perder a la gente que nada tiene que ver con esos pelitos pero que se queda varada en el camino cuando alguno de los contendientes tiene la genial idea de cerrar alguna calle.

Los ciudadanos, más que ver el desgaste de tal o cual  precandidato, lo que desea ver es acción, trabajo, algún cambio positivo en su vida a través del mejoramiento de los servicios públicos o con la ejecución de obras que vayan más allá del mero compromiso y tenga una verdadera utilidad.

Hechos es lo que se requiere para convencer. Por supuesto que me refiero a cosas positivas y no a lo que mejor saben hacer.

Por supuesto, la gente también busca congruencia, no cosas como las que ahora hace , por citar un ejemplo, Vinicio Limón Rivera, quien ahora permitirá que sus borregos salgan a las calle a balar este primero de mayo, luego de muchos años que los tuvo encerrados para que no dieran problemas.

Así como él, muchos más buscan la notoriedad, ya sea mediante el descontón al contrario o con proclamas de acciones contrarias a su ideario. Todo por el hueso, que pretenden renovar para otros tres años e incluso, si se puede, por seis más.

Aquí es México…

  Los partidos políticos, que han recibido despiadadas críticas de su servidor un día sí y otro también, tienen en sus manos preservar lo poco que nos queda del país que conocimos o dar el paso que sigue hacia el abismo, en referencia a la reforma penal federal que se prepara para dejar sin efecto en zonas enteras de la nación las garantías individuales, o cuando menos una parte importante.

Los ejemplos de que ese tipo de restricciones sirven sólo para dos cosas (por recato no citaré cuáles son) están a la vista y el más reciente fue Estados Unidos, donde con el pretexto de su lucha contra el terrorismo –en realidad un plan para hacer negocios a lo grande con dinero público) el ex presidente George W. Bush  conculcó muchos de los derechos de sus compatriotas.

Además, en aquel país fue posible revertir una parte del daño, lo que no está garantizado que ocurra en México una vez que pasen años de excesos y se den cuenta de que se equivocaron.

Como todo se negocia, la aprobación de tal medida seguramente ya se trató entre el gobierno y los que votan, los partidos, que a cambio de algunas ventajas específicas y muy personalizadas seguramente ya están listos para levantar la mano mientras a sus paisanos se los lleva la tristeza o algo más feo.

La situación es difícil y la citada propuesta debería haberse abordado ampliamente para llegar a un consenso social, pero obviamente me estoy equivocando de país. Aquí es México. Eso me temo.

La política interna

Parece que finalmente el encargado de la política interna de Morelos le ha apostado por dejar que sea el fervor a (las vacaciones de la) Semana Santa lo que termine por apagar los fuegos sociales que se le han ido de las manos las últimas semanas.

Será una pausa de semana y media, en la que de todos modos servirá de poco porque en esa cabeza no hay ideas a largo plazo, sino apenas mecanismos para posponer una y otra vez las cosas que desde cuando deberían estar arregladas.

La Secretaría de Gobierno dispone de los instrumentos para conciliar y negociar pero no de la carga moral necesaria para tener credibilidad, por los antecedentes de su titular, que no me he cansado de enumerar una y otra vez y que, para colmo, al tener de segundo de a bordo a Javier Bolaños Aguilar más de una vez ha incendiado la pradera.

Es una combinación letal la que se agrupa en ese organigrama: Oscar Sergio Hernández Benítez brilla con luz propia en eso de los conflictos. Bolaños no se queda atrás y ambos tienen de subordinado a Francisco Alva Meraz, que también se pinta solo.

Allí nadarás hace falta un cerillo. Y sí mi colega Jesús Castillo tiene razón, la Secretaría de Seguridad Pública y su nuevo titular puede ir por el mismo camino si no hay moderación.

Prudencia debería ser el antídoto, Ojalá y prevalezca.

Sedesol

Ignoro a la hora de escribir este espacio cuál será el destino de Oswaldo Castañeda, ave de tempestades que por cuatro años campeó a sus anchas en la delegación de Sedesol.
No dudo que el panismo lo mantendrá a salvo de penurias económicas, como ha hecho desde que gobiernan.
Tampoco sé cuánto influyó en su remoción el accidente que sufrió con una camioneta oficial su mujer, aunque dicen que eso sólo fue otra mancha al tigre.
Lo que sí sé es que los programas de subsidios de la Sedesol en Morelos, que desde su origen en los tiempos de Luis Donaldo Colosio ya eran clientelares, ahora lo son más.
Y no sólo la administración federal o la estatal aprovechan la influencia que se puede tener hacia quienes reciben dinero u otros beneficios por su condición de pobres. También los ayuntamientos han buscado sacarle mucho beneficio al asunto cuando llega el momento de ir a las urnas.
Del enraizamiento que haya logrado Castañeda entre la gente receptora de esos programas dependerá su próximo retorno a la escena pública -si es que no se alejó, porque les digo que no conozco su situación actual- y quizá hasta en la búsqueda de un cargo de elección popular. Aunque en realidad eso no es garantía de nada, como lo sabe Juan Salgado Brito, que también fue delegado de esa dependencia y tuvo a su alcance el manejo de sus cuantiosos recursos encaminados a combatir la pobreza.
El tiempo, justiciero y buen amigo (no es frase mía) nos dirá hasta dónde llegará.

Por no saber Historia

Las posibilidades de que las cosas cambien después de las protestas motivadas (y encabezadas) por Javier Sicilia son mínimas, pero son posibilidades al fin, luego de años de estancamiento intelectual y de todo tipo que han llevado a la sociedad mexicana a niveles que nunca imaginamos estar.

La terrible negligencia de las autoridades, que pocos han señalado hasta ahora, amenaza ya no el futuro sino el presente y nos convertirá en una generación que ha dejado a sus hijos el país en peores condiciones de cómo lo ha recibido.

Y eso duele. Pero no se trata de lamentarse y hacer como que hacemos. Tenemos que hacer.

Los instrumentos de desarrollo son principalmente la educación, y la educación y la educación…
Así de simple.
Quienes se dedicaron de manera entusiasta a destruir los pilares de la educación pública (de hecho aún lo hacen) tienen parte de la culpa de lo que vivimos ahora. Ramón Tallabs Ortega, en Morelos, a pesar de los golpes de pecho que se da debería hacer conciencia de lo mucho que contribuyó como secretario de Educación a crear a ese grupo marginal (los llamados “ninis”) del que se nutre el crimen organizado.
A nivel nacional Elba Esther Gordillo tiene mucho que decir sobre el tema, al igual que su títere Alfonso Lujambio. Pero a nivel local deben exigirse responsabilidades a quienes arruinaron la enseñanza oficial y han dejado herencias como el inexplicable déficit en el Instituto de la Educación Básica del estado de Morelos, que cada día es menos manejable.
En fin, los ciudadanos debemos clamar contra los delincuentes para que midan su grado de crueldad, pero tenemos que pedir cuentas a quienes les tocaba cuidar que las cosas no llegaran a los actuales niveles.
Por mucho que se quieran hacer a un lado, no podrán evadir su responsabilidad, por lo menos no el juicio de la Historia, una materia que, por cierto, a nadie de los que gobierna le interesa.
Por eso nos va como nos va.

El discurso de Sicilia

Para los fines a que haya lugar, transcribpo el discurso (por lo menos la versión difundida antes del acto) que leyó Javier Sicilia en la Plaza de Armas de Cuernavaca, el miércoles 13 de abril: SALUDOS.




Estamos hasta la madre
Alto a la guerra
Por un México justo y en paz
Dios nos sobrevive, tan sólo él nos sobrevive, con el corazón dolido, rodeado de una gran matanza/ de hombres, de mujeres, de niños/ aguardando que comprendamos el amor y la justicia. Jules de Supervielle


Desde hace 8 días estamos aquí, en este plantón que no es sólo el signo de una herida abierta en la patria, sino también –en su pobreza e inestabilidad– de la indefensión y vulnerabilidad en la que desde hace mucho tiempo vive la ciudadanía azotada por el pudrimiento de sus instituciones y la irracionalidad demoníaca del crimen. Estamos aquí, en estas condiciones, exigiendo perentoriamente a las autoridades que encuentren a los culpables de este crimen que nos arrancó a nuestros hijos: a Juan Francisco Sicilia Ortega, a Luis Antonio Romero Jaime, a Julio César Romero Jaime, a Gabriel Alejo Escalera, y que nos ha estrujado el alma.
Las omisiones del gobierno de Marco Antonio Adame, de los Presidentes Municipales de Jiutepec, Miguel Ángel Rabadán, de Temixco, Nereo Bandera Zavaleta, de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós y del Congreso del Estado han sido tremendas –recuerdo sólo una, clara y contundente, por no hablar de los más de mil homicidios que llevan sus gobiernos sin resolver: El toque de queda que el 19 de abril de 2010 decretaron los cárteles en la entidad y frente al cual estas autoridades nos sólo fueron omisas, sino hasta obedientes y cobardes (ellas mismas cerraron temprano las instituciones públicas y dejaron a la ciudadanía a merece del crimen)–. Ese simple hecho, que se agrega a los más de mil crímenes sin resolver, a los de Juan Francisco, Luis Antonio, Julio César y Gabriel, y a los que se han sumado en estos días, me hace a nombre de la dignidad ciudadana, exigirle a Marco Antonio Adame, a Miguel Ángel Rabadán, a Nereo Bandera Zavaleta y a muchos congresistas omisosos y corruptos–cada uno de los partidos políticos conoce a los suyos y debe reclamárselos–, que renuncien inmediatamente a sus cargos de gobierno. Sabemos, por desgracia, que aún no existe la figura jurídica de la revocación del mandato –esperamos que pronto se apruebe y pueda ejercerse––. Pero existe la vergüenza y la dignidad. Cuando al llegar a sus cargos, ustedes juraron ante la patria, es decir, ante nosotros, los ciudadanos, que harían cumplir la Constitución o que el pueblo se los demandara, nosotros confiamos en ustedes. Ahora que han demostrado que han sido incapaces de cumplirla, el pueblo reunido aquí en el centro de los poderes de Morelos, les demanda sus renuncias. Si no lo hacen, llevaran la vergüenza en su frente y el desdén de los ciudadanos de este Estado.
No dudo, sin embargo y a pesar del oprobio en que nuestras autoridades nos han sumido, que hay buenos policías y buenos soldados investigando y arriesgando sus vidas para dar con el paradero de los asesinos de Juan Francisco, de Luis, de Julio y de Gabo. Pero en estos días no han dejado de multiplicarse los asesinatos de muchachos, de civiles, de migrantes, de mujeres, y sobre nuestras espaldas pesan cerca de 40,000 muertos con los que tenemos la deuda de poner en claro sus nombres, sus apellidos, sus historias para reivindicarlos moralmente e indemnizar a sus familias que, además de sufrir el desprecio y la criminalización de las autoridades, son pobres –nosotros, los ciudadanos de Morelos, al levantar el plantón y exigir la renuncia de nuestros malos gobernantes, hemos dejado en el suelo de la plaza de gobierno y como un símbolo del dolor y de la memoria las placas con los nombres de Juan Francisco Sicilia Ortega, de Luis Antonio Romero Jaime, de Julio Romero Jaime, de Gabriel Alejo Escalera, de María del Socorro Estrada Hernández, de Álvaro Jaime Avelar y de Jesús Chávez Vázquez. A esas placas iremos agregando las placas de las víctimas que se vayan reconociendo y de las que continúen apareciendo a causa de la inoperancia de nuestras instituciones. Hacemos un llamado a toda la nación para que en cada plaza de cada pueblo, de cada municipio, de cada Estado se haga lo mismo con los asesinados que allí vivían. En cada plaza del país debe haber una memoria de nuestros muertos en esta guerra imbécil, una memoria de nuestro Holocausto.
Frente a estas omisiones, frente a la violencia de todo tipo que se ha apoderado del país, frente a esta guerra mal planteada, mal hecha y mal dirigida, que lo único que ha logrado, además de sumirnos en el horror y el crimen, es poner al descubierto el pudrimiento que está en el corazón de nuestras instituciones, frente a toda esta locura que tiene desgarrado el tejido y el suelo de nuestro país, uno se pregunta: ¿Dónde están los gobiernos y sus poderes, dónde está la clase empresarial de la nación, dónde la Iglesia católica y la otras Iglesias que dice custodiar nuestra vida espiritual, dónde está la dignidad sindical que dice guardar la nobleza de los trabajadores y donde los partidos políticos que dicen tener un programa para la nación? ¿Dónde los ciudadanos que abandonándonos al cuidado del pudrimiento de las instituciones no hemos tomado en cuenta la lección zapatista de organizar en asambleas reconstituyentes nuestros barrios, nuestros pueblos, nuestras colonias para crear gobernabilidad?
Todos y cada uno de ustedes y de nosotros tenemos graves omisiones y complicidades criminales maquilladas de legalidad que nos han sumido en el caos y, como le dijo el poeta Mandelstam a Stalin, nos hacen ya no sentir el suelo bajo nuestros pies.
Hasta ahora, sumidos en sus intereses, empantanados en sus pequeñas y mezquinas ambiciones ideológicas, mediáticas y electoreras, empeñados en idioteces, lejos de detener esta violencia demencial están despojando a nuestros jóvenes de la esperanza y de sus sueños, y les están mutilando su creatividad, su libertad y su paz.
Los partidos políticos tienen gravísimas omisiones frente al crimen organizado. Esas omisiones han sido la moneda de cambio para acomodarse aquí y allá, erosionado las instituciones e hiriendo gravemente a la nación.
Los gobiernos, me refiero al ejecutivo y legislativo de la Federación, de los estados y de los municipios, han mantenido impune a una buena parte de la mal llamada clase política porque no han sido capaces de independizar al poder judicial de la política y con ello han protegido intereses y complicidades criminales. Cuando Colombia logró sacar del control político al poder judicial, logró encarcelar al 40% de los miembros del Congreso que estaban vinculados con el crimen. Son omisos también porque en nombre de una guerra absurda están destinando presupuestos multimillonarios para alimentar la violencia y, al quitárselos a la educación, al empleo, a la cultura y al campo, están destruyendo el suelo en el que la sobrevivencia y la vida pública tienen su casa.
El esfuerzo que podamos hacer los ciudadanos y algunos gobernantes honestos y comprometidos resulta inútil, estéril, sin jueces, magistrados y ministros que impartan justicia. Hoy son más los incentivos para operar en la ilegalidad que dentro de ella. Demandas y denuncias que se quedan archivadas por años, litigios y procesos a modo, amparos otorgados al vapor, sentencias recurridas y reducidas que demeritan ante los agraviados la sensación de haber recibido justicia e invitan a hacerse justicia por propia mano. Mucha de la sensación que hoy tenemos de vivir en la ilegalidad se debe a un poder judicial ineficaz, corrupto y dependiente de las mismas corrupciones políticas.
Los empresarios han sido omisos al cuidar sus intereses particulares por encima de los de la gente que hace posible la vida de los pueblos. Su egoísmo y su vida timorata les ha impedido denunciar a quienes de entre ustedes –que administran la banca y tienen algún tipo de empresas–, lavan dinero; les ha permitido administrar el desempleo para explotar el trabajo honrado, pero mal pagado, y maximizar sus ganancias; les ha permitido destruir formas de comercio nacidas de la vida de la ciudadanía con el fin de expandir sus mercancías y sus industrias, y destruir las formas de vida autóctonas. Han sido omisos –y aquí me refiero a los monopolios mediáticos– al no permitir la democratización de los medios, al manipular a la ciudadanía a través de ellos para conservar sus intereses, expandir sus capitales y negociar con los partidos. No es posible que en esta nación tengamos al empresario más rico del mundo y a 50 millones de hombres, mujeres, niños y niñas, despojados y sumidos en la miseria. Hoy somos testigos de una guerra entre los gigantes de la telecomunicación, una guerra tan imbécil y absurda como la que vivimos entre el crimen y el gobierno, y ya no sabemos bien si su disputa es por los mercados, por el espectro o por saber quien logra expoliar más a los mexicanos.
El Informe del Banco Mundial sobre Desarrollo que en estos días comenzará a circular dice, como lo señaló Jorge Montaño, integrante consultivo de ese informe, que “el empleo, la justicia y la seguridad ciudadana son fundamentales para romper los círculos de la violencia criminal y política (…) Los movimientos de violencia son mayores cuando elevados niveles de tensión se combinan con faltas de legitimidad o capacidad deficiente de las instituciones nacionales. México “se encuentra ante una oleada sin precedentes de violencia (…) El tráfico de drogas, la trata de personas, el blanqueo de dinero, la explotación (…) de los recursos naturales, la falsificación y las violaciones a los derechos humanos, son actividades lucrativas que facilitan la penetración de la delincuencia organizada en las vulnerables estructuras sociopolíticas, judiciales y de seguridad” de países como el nuestro.
Los sindicatos han sido omisos porque se construyeron no para la defensa de los trabajadores, sino para el clientelismo político. Han visto al Estado y los siguen viendo como una ubre de la que pueden extraer ganancias corruptas. El caso más claro es el del sindicato de la educación que se ha convertido en un mercader de votos con el que anticipadamente los partidos y los gobiernos comprometen sus agendas y la dignidad del país.
Las Iglesias también han sido omisas. La mía, la católica, a la que me refiero por ser la mía y la mayoritaria en este país, ha sido omisa porque al reducir la vida del espíritu y la marea del amor de Cristo a una pobre moral sexual y al cuidado de la imagen ya muy deteriorada de su institución, ha descuidado el amor y el servicio a los pobres, y, semejante a la clase sindical y empresarial de nuestro país, ha buscado el poder, el clientelismo político y la riqueza humillando la Palabra. Ha sido omisa porque preocupada por la vida que está en el vientre de las madres –y que hay que defender–, ha descuidado las de los que ya están aquí. Estamos ante el mal y la Iglesia debe decir con San Agustín: “Buscaba de donde viene el mal y no salía se él”. Si ustedes hablan alto y con claridad, si se niegan a las componendas y a los privilegios, que ocultan el crimen; si son fieles a su Señor y están dispuestos como él a dar la vida, podemos hacer que el número de las víctimas disminuya más rápidamente.
Todos y cada uno de ustedes ha puesto como el valor supremo de la vida a la economía en su sentido más pervertido: el del consumo y el del dinero. En su nombre, han destruido todos los ámbitos de convivencia y con ello han destruido nuestro suelo y nuestras relaciones de soporte mutuo hasta sumirnos en el horror de la violencia, la miseria y el miedo. Cada uno de nosotros hemos también sucumbido a ello y conocemos nuestras traiciones. Por ello les decimos y nos decimos que toda esta violencia debe de terminar o al país se lo va cargar la chingada.
En 1994, cuando los indios de este país se levantaron en la frontera sur, en Chiapas, con su “Ya basta”, pusieron ante los ojos de la patria la inmensa cantidad de excluidos que las ambiciones, los intereses de ustedes y su luchas cerriles habían ignorado y humillado. Con ello, nos pusieron también ante los ojos la desgarradura que el tejido de la nación venía sufriendo desde décadas atrás. A pesar de los legítimos reclamos del zapatismo, a pesar de sus propuestas para rehacer un México en el que todos quepamos, ustedes los han ignorado, los han intentado desprestigiar y los han reducido a un cerco militar y mediático. Diecisiete años después, su sordera, y la continuación de sus mezquindades y ambiciones, han provocado que en la frontera norte, en Ciudad Juárez, se haya instalado la violencia, la impunidad y el miedo. Entre esa frontera: la del norte, la de la impotencia, la del pudrimiento de las instituciones y la del imperio de la impunidad y el crimen, y la otra, la del sur, donde resiste, como puede, un puñado de dignidad moral, las familias de este país están quebradas, pero no vencidas; están profundamente dolidas, pero no aterrorizadas, sino indignadas; llenas de esa fuerza moral que los indios y los excluidos de esta nación han sabido comunicarnos.
Con esa dignidad, y acompañados de Julián Le Baron, de Olga Reyes, de padres de la guardería ABC, de las madres de los asesinados en Salvarcar, de los deudos de los muertos de Pasta de Conchos y de tantos y tantos padres y madres que han visto asesinar a sus hijos, de Emilio Álvarez Icaza, del padre Miguel Concha, de Miguel Ángel Granados Chapa y de Alberto Athié, convocamos a una nueva marcha nacional para el domingo 8 de mayo en el zócalo de la Ciudad de México. Nosotros, la ciudadanía de Morelos, saldremos caminando de la Paloma de la Paz el 5 de mayo para pernoctar el 7 en la Espiga, escultura de Rufino Tamayo, que se encuentra en el Centro Cultural de la UNAM y salir el día 8 a las 7 de la mañana rumbo al sitio donde se asientan los poderes de la República. Invitamos a todos los ciudadano de otros Estados de la República a que hagan lo mismo y juntos lleguemos al zócalo de la Ciudad de México.
Vamos a caminar en silencio, después de estos días de recogimiento y meditación, para detener la violencia; para decirles que aún estamos a tiempo de rehacer nuestro suelo y nuestro tejido social –uno de los dones más bellos que tenemos– y de refundar la nación.
Vamos a ir al zócalo de la Ciudad de México para exigirles al Presidente de la República, al Congreso de la Unión, a los partidos políticos, a sus líderes, a los empresarios, a los líderes sindicales, a las Iglesias y a sus jerarquías, que asuman su responsabilidad para que los millones de mexicanos que aman este suelo llamado México no vean cancelado absolutamente su porvenir.
Vamos a convocarlos allí para que con nosotros y ante nosotros se comprometan a firmar un pacto nacional auténtico, genuino, sin simulaciones y escenografías institucionales –esas instituciones que ya son meros vestigios de lo que fue una nación–; vamos a convocarlos para que firmen un pacto en el centro de la ciudad más dolida de entre las dolidas, en el centro de la ciudad que más muertos ha puesto en los últimos años: en el centro de Ciudad Juárez. Ahí, en la herida abierta de la frontera norte, vamos a convocarlos para que ustedes, que han malversado nuestro dinero, han decidido sin consultarnos en nuestro nombre, han defraudado nuestra confianza y han puesto al país en estado de emergencia nacional, firmen un pacto que les permita recuperar la representación de la nación que casi han perdido y hagan valer los cargos que ostentan antes de que sea demasiado tarde.
Pero vamos también allí a decirnos a nosotros mismos, frente a sus omisiones y complicidades, que también nosotros, desde abajo, podemos, si nos organizamos, tener asambleas constituyentes y reconstituyentes en cada colonia, en cada barrio, en cada comunidad, para crear gobernabilidad y seguridad locales y confiables.
Vamos a ir caminando en silencio –el lugar en donde nace la palabra verdadera y se recoge para se comprender sus significados profundos–; vamos a caminar así para evitar que los gritos nos confundan y la indignación, que lleva a veces al insulto, nos haga perder el amor. Este silencio, en el que nos recogemos, marca un tiempo necesario para que surja la palabra y las palabras claras y precisas que necesitamos.
Iremos presididos por el máximo emblema de nuestra casa: la bandera de México. La llevaremos hasta allí donde se asientan los poderes de la República; allí en donde los antiguos miraron por vez primera el lago, el águila y la serpiente en el nopal.
Vamos a ir allí para exigirles que asuman la esperanza de todos con propuestas concretas y plausibles –algunas de las cuales llevaremos–; vamos a ir allí para obligarlos, porque ustedes han olvidado que la soberanía, como lo señala el artículo 39 de nuestra Constitución, radica en los ciudadanos– a que pacten con nosotros y de cara a nosotros; para obligarlos a realizar un esfuerzo profundo y sistemático que detenga esta violencia que nos está destrozando el alma y el cuerpo, y despojándonos del derecho que tenemos a vivir en paz en un México en el que todos quepamos con nuestros seres queridos que son todos los seres queridos de cada uno de los que habitamos este país.
Porque vivimos un tiempo límite vamos a ir también allí a preguntarles ¿Cómo pretenden ir a las elecciones si no son capaces de ponerse de acuerdo entre ustedes para defender la vida de los hijos y las hijas de nuestro amado México?
Además opino que hay que devolverle la dignidad a esta nación y hacer que este dolor sirva para rehacer el amor y la justicia que perdimos.

Ojalá sea el comienzo

Primero ofrezco una disculpa a mis lectores de La Unión de Morelos, por no escribir ayer. Mis obligaciones editoriales consumieron mi tiempo. Reitero mi disculpa.
Por otro lado ha sido Javier Sicilia, en el inmenso dolor de la pérdida de un hijo, quien ha dicho lo que tantos han querido decir: que las autoridades deben cumplir con su deber.
Tantos años de omisiones, de hacer apenas el mínimo esfuerzo o a veces ni siquiera eso, nos han cobrado una factura de un costo que ni siquiera imaginamos.
La naturaleza odia los espacios vacíos. Por eso, el inmenso hueco que dejaron quienes gobiernan ha sido llenado con creces por los delincuentes, que por supuesto no quieren perder lo que consideran ya muy suyo.
Y no sólo son responsables, como dice Sicilia, quienes ejercen el control de las instituciones desde los Poderes Ejecutivos, sino los legisladores, los políticos en general y todos aquellos que dicen vivir para buscar el beneficio de los ciudadanos pero sólo han logrado su propio bienestar y el de los suyos.
La riqueza que hoy ostentan priistas, panistas y perredistas -que hace unos años no tenían- no surgió de la nada. Es el dinero que le quitaron a cada uno de nosotros.
Por eso no alcanza para pagar bien a los policías, que se dejan sobornar por quienes les completan la quincena. La pérdida de compromisos sociales luego de décadas interminables de promover la individualidad por encima de lo colectivo nos ha hecho lo que somos. Y nos da miedo ver ese retrato, pero allí estamos: seres dóciles, siempre dispuestos a divertirnos pero lejos de cualquier compromiso, ignorantes, sin siquiera habilidad para leer y de esa forma tener acceso a otras opiniones que no sean los que llegan por televisión, irresponsables, derrochados, faltos de previsión y, sobre todo y dolorosamente, cobardes.
Ahora que la autoridad quieren justificar la muerte del hijo de Javier Sicilia con unos supuestos nexos con el crimen organizado (que deben probarse) quienes propagan la versión olvidan que en México no existe la pena de muerte en ninguna de sus formas y que por lo mismo matar alguien, quien sea, es un delito y no un pretexto para no investigar.
En fin, hay un antes y un después. O por lo menos debe haberlo. Lo mismo para quienes gobiernan que para quienes se supuestamente son gobernados.

Ojalá

 La mayor parte de los ciudadanos de este pobre país viven, comen y aman al ritmo que les marcan los canales de televisión abierta. Sus opciones de compra y su principal motivación viene de lo que se anuncia en la tele. Y como vivimos en la época en que todo es mercancía, pues desde el aparato ese se marca el ritmo de la vida de los demás, que no aprecian esa uniformidad pués se llegan a sentir únicos e individuales, a pesar de que visten la misma marca, toman el mismo refresco, comen la misma sopa instantánea y les gusta la misma horrible música “duranguense”, como la han bautizado y la promueven hasta que pase de moda y llega algo distinto, que será lo mismo, refritos, viles copias de lo que otros hicieron mejor.

Lo malo es que en la política, o mejor dicho, en el ejercicio de sus derechos políticos, un elevado porcentaje de mis paisanos también compran lo que vende la televisión, lo que ha hecho que Peña Nieto, un hombre sin trayectoria ni ideas propias aparezca ya como el virtual presidente de México y los viejos políticos priistas –incluso los maduritos y experimentados- se arrodillen ante un joven que es lo que es por la escenografía que tiene atrás.

Y ya viene de nuevo el espectáculo, el proceso electoral que sirve para renovar los rostros de las instituciones, aunque sus acciones se mantienen.

Y temo que la marcha que tendrá lugar en unashoras se contamine y todos los participantes sigan desde hoy con su vida de siempre mientras quienes delinquen regresan a las andadas, sin que nadie vuelva a levantar la voz hasta la espera de que un ciudadano notable sea perjudicado.

Ojalá Javier Sicilia no se conforme con lo que haya visto en la marcha y pida más. Sé que tiene la dolorosa motivación pero no sé si la energía para sobreponerse a la gran fábrica de mentiras que se ha puesto a andar desde hace tiempo ahora banalizar y dejar sin contenido hasta las mejores intenciones.

Peligros latentes

El de la inseguridad es uno de los grandes problemas que enfrenta la sociedad morelense, luego de la falta de acción de las policías preventivas y de la Ministerial, que dejaron hacer a sus anchas a los delincuentes durante más de dos años.
El terrible suceso que costó la vida al hijo de Javier Sicilia ha provocado una movilización que hace tiempo no se veía, la cuál ha servido para que las acciones del crimen organizado remitan.
El precio que se ha tenido que pagar por llegar a una situación así ha sido muy alto. Un tributo de sangre que esperemos fructifique para que la muerte de tanta gente no sea en vano.
Pero mientras un tema domina la agenda social en Morelos, hay otro igual de grave que crece a ritmo silencioso pero imparable y amenaza con dañar el futuro inmediato de todos nosotros: el endeudamiento público.
Alcaldes, regidores, síndicos, el Ejecutivo y el Poder Judicial acumulan una deuda de miedo, que se financia en las alcaldías con más deuda.
Aunque ese dinero en teoría no puede destinarse más que para obra pública, lo cierto es que se diluye en gasto corriente y compromete aún más el bienestar de los ciudadanos y la operatividad de al menos las próximas tres administraciones municipales.
Eso significa que dentro de pocos años, quizá muy pocos realmente, el dinero público no alcanzará para lo más esencial y servicios básicos como la seguridad pública –de por sí muy ineficiente- y nadie parece darse cuenta.
No deseo que dentro de pocos años nuevamente haya marchas y grandes movilizaciones para reclamar castigo a los saqueadores o a los que se acabaron el dinero.
El endeudamiento público es una bomba de tiempo que debe ser atendida de inmediato. Los partidos políticos, en lugar de infiltrarse en las movilizaciones realmente ciudadanas, como la que tendrá lugar hoy a las cinco de la tarde en la glorieta de la paloma de la paz, deben aplicarse a encontrar soluciones que pasen por meter a la cárcel a sus compañeros que han abusado del dinero que les fue confiado.

Los camioneros

  Los cetemistas demostraron ayer que a las bravas todo, a las buenas nada. El usufructuario de esa organización (obviamente me refiero a Vinicio Limón Rivera) permitió (si es que alguna vez mandó sobre ellos) que parte de sus huestes salieran a perjudicar a la ciudadanía con su mezquina exigencia de contratos de obra para su sector camioneril.

A los ciudadanos no nos queda más que aguantarnos. Espero que no siempre, porque quienes mandaron a hacer el bloqueo son los mismos que en pocos meses le van a pedir a usted y a mi el voto para obtener una que otra alcaldía, muchas regidurías y quizá alguna diputación.

Por supuesto que a esas alturas habrán olvidado el daño que nos causaron. Que no fue poco. Ellos dicen que hay niveles, pues la protesta que encabezó Bulmaro Hernández Juárez fue más extensa.

En realidad para mi, sean las siglas que sean, son lo mismo.

Los camioneros son los culpables de que en Morelos las obras públicas y privadas sean tan caras, al grado de que varios proyectos grandes se han retirado porque les han querido imponer sus tarifas de acarreo.

No hay opción, porqué México es un país de monopolios (o de oligopolios sin bien nos va) porque el sistema de control corporativo que construyó el PRI a lo largo de setenta años sigue vivito y coleando, aunque ahora los ganones sean otros.

Por eso suena ridículo que en Morelos exista una secretaría de Trabajo y Productividad, una palabra cuyo significado nadie en esa dependencia parece conocer, para más ironía.

Incongruencias que deberían subsanarse

 Rabindranath Salazar Solorio, quien como alcalde de Jiutepec se promocionó más de la cuenta (quiere ser candidato a gobernador) no ha logrado demostrar que hay congruencia en su forma de conducirse, porque año y medio después de ejercer como diputado no ha ofrecido claridad en las cuentas públicas de su ejercicio como presidente municipal, a pesar de que él está ahora a cargo de revisar a los que fueron sus homólogos y los que ahora presiden los ayuntamiento de Morelos.
La presunción de inocencia que todos los políticos se aplican deberían pasar por una dosis elevada de transparencia y no como ahora, en la que no se puede disipar la sospecha que pesa sobre Salazar y muchos más, debido a que el órgano que debe analizar las finanzas de Jiutepec está bajo su control virtual.
De Graco, el otro “candidato” a gobernador del PRD, todos conocemos sus mañas y sus debilidades y votarán por él sólo los ciegos (en Morelos no hay periódicos en braille) y los de plano muy ingenuos.
Pero el ahora diputado local navega con bandera de inocente y puro, sin ofrecer las pruebas que avalen esa imagen que busca cultivar.
No se trata de considerarlo culpable, sino de pedirle que él mismo saque a los ciudadanos de dudas sobre las cuestiones pendientes de su manejo financiero como alcalde de un sitio que hoy aparece muy endeudado. Seguro sus conciudadanos quieren saber el motivo o la razón.
Ese vacío habla, en pocas palabras, de una incongruencia injustificable, amenos que se trate de cubrir cosas feas.
Eso, por lo menos le daría una explicación, que no una salida digna o –mucho menos- honesta.

Charla en Cuautla sobre las leyes de transparencia

A continuación les presento el texto del tema que expuse este sábado en un diplomado que organiza el IMIPE en las instalaciones de la Universidad Latina de Cuautla.

Agradezco la invitación del IMIPE (y el pago de mil pesos por la exposición) y tambien doy gracias por la hospitalidad de mis colegas de la región oriente de Morelos.

He aquí el material relacionado con el derecho a saber:

En el principio fue el verbo

Tradicionalmente, los mexicanos estamos acostumbrados a adoptar, como ciudadanos, dos actitudes fácilmente identificables ante la autoridad: el silencio y la impotente pasividad ante los abusos de que es víctima o el grito estentóreo, más  catártico que efectivo, contra él que abusa, pero sin ninguna acción para buscar el remedio.

Esta última actitud ha sido siempre minoritaria pero ha existido. Es una molestia menor para quienes gobiernan, que si acaso se inquietan un poco pero no mucho ante el que les grita corruptos pero que, fuera de eso, poco les puede hacer.

Por supuesto, aunque supuestamente somos un país democrático desde el año 2000 –yo sostengo que más que eso somos desde esa fecha un país gobernado por panistas, pero no somos un país democrático- las instituciones están por debajo de los hombres comunes y corrientes, que deben aceptar los excesos de los soberanos y arrodillarse ante ellos para dar las gracias.

Y a  nuestro alrededor sobran ejemplos.

Para no ir muy lejos, podemos citar a Gustavo Rebolledo Hernández, presidente municipal de Zacatepec en el trienio 2006-2009.

El señor estaba en el centro de atención de un grupo ciudadano opositor que con las únicas armas que les daba el sentido común trataban de frenar sus excesos. Ese grupo, reducido pero bravío, cada vez que podía (siempre) lo llenaba de calificativos. Obviamente las palabras no le causaban mucha mella al alma, y menos al cuerpo, de este señor.

En cambio, él disponía de los recursos públicos y de lo que con ellos se podía hacer.  Y los usó contra sus detractores.

Las fuerzas de la razón muchas veces sucumben ante la fuerza bruta.

Y Jorge Sandoval Heredia, quien por años acosó sólo con su verbo mordaz a Rebolledo, quedó como santocristo.

Sin embargo. Los tiempos cambian.

Aunque cuando ocurrió la agresión a Sandoval ya existía el IMIPE y la ley de acceso a la información, su uso no estaba muy extendido y pocos recurrían a ella.

Hoy, Gustavo Rebolledo Hernández no es molestado por nadie.

Pero el grupo ciudadano de Zacatepec que vela contra la corrupción municipal aún existe y hoy está dotado de mejores armas, porque saben ejercer su derecho a saber.

A diferencia del pasado, hoy ese grupo de optimistas usa otra estrategia y el resultado, es muy distinto.

Hoy ya no tienen como única salida ir a los desfiles a gritarle palabrotas al alcalde actual, José Carmen Cabrera Santana pués lo tienen acorralado con señalamientos directos y concretos, con los documentos que demuestran las anomalías que  ha cometido, con pruebas oficiales a las que no se les puede dar contestación, porque no se puede desmentir la verdad.

Ahora los golpes (aunque sean dialécticos) los recibe otro. Y no es un solo documento el que  exhibe su mal las anomalías, son cientos y todos oficiales.

Avance democrático

La Ley de Acceso a la Información Pública es la única aportación a la democratización del país que se ha hecho desde el año 2000 en adelante.

Analicen y verán que es el único derecho que hoy disfrutamos que antes no existía.

En ese tiempo hemos perdido varios derechos, incluido el de libre tránsito y el de no ser molestado en nuestras personas y en nuestras cosas sin orden expresa de un juez.

Pero tenemos el derecho a conocer lo qué hacen quienes gobiernan, con todas las limitaciones que sobre el mismo pesan. Pero derecho al fin. Y sin embargo no se ejerce.

En mi doble papel de periodista, pero también de ciudadano comprometido con diversas causas, quiero señalar que fui uno de los promotores indirectos de la legislación, cuando supe que el gobernador Sergio Estrada Cajigal había preparado su propio proyecto de ley, con el que buscaba madrugar en el Congreso, pero con propuestas como la de castigar tanto a los responsables de guardar la información como a quienes la hicieran pública. O sea, a los periodistas.

A gritos y sombrerazos, pero la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales logró ser aprobada tal y como la conocemos.  Y allí desde la doble óptica arriba planteada, surge el primer problema: nadie conoce la ley.

Bastaría preguntar entre los presentes quien la ha leído para certificar esta afirmación.

Y no importa que le preguntemos a un periodista o a un ciudadano. La respuesta es la misma.

Si usamos el lenguaje de la informática, podemos decir que la ley a la que me refiero es muy “amigable”, en el sentido de que ofrece varias opciones para solicitar información, incluida la cibernética. No estamos obligados a acudir a la oficina de la que queremos saber algo.

Adicionalmente ni siquiera tenemos que dar nuestro nombre ni nos pueden poner requisitos para solicitar información, como ya les explicaron quienes me antecedieron.

Los plazos que marca para que la autoridad cumpla o sea requerida también están muy claros, y por las sanciones que en los años anteriores impuso el IMIPE, los encargados de las UDIPs, las unidades de Información Pública, se apresuran por lo general para dar respuesta, así sea irrisoria, incompleta o inadecuada, a lo que piden los ciudadanos.

Pero con todas estas ventajas ni así nos interesamos por ejercer ese casi virgen derecho a conocer, a estar informados.

Y repito, no hablo sólo de los ciudadanos, sino también de los periodistas.

En mi trabajo utilizamos mucho la información oficial. Alguna vez en una charla en la que participé por invitación del IMIPE señalé que en mis tiempos de reportero de investigación era necesario desarrollar habilidades como la de leer los documentos que estaban de cabeza, para aprovechar las visitas a las oficinas de los funcionarios públicos.

También era necesario ser hábil con las manos para sustraer el oficio comprometedor que estaba por allí descuidado y de ese modo obtener pruebas de una nota que se saliera de lo rutinario y, sobre todo, que no fuera una entrevista “banquetera” o una declaración donde todos los colegas ponían su grabadora (aunque en esa época ni a grabadora llegábamos quienes ejercíamos este oficio).

Hoy basta con hacer una solicitud de información y sentarse a esperar el resultado para ver si cae la nota trascendente. Por lo menos así se imaginan muchos de quienes se dedican a este oficio.

Pero ni siquiera eso se atreven a hacer.

En resumen, mis colegas periodistas esperan que de cada solicitud de información salga una buena nota.

Como las cosas no son así, porque se requiere de más trabajo, pues no lo hacen y ya.

A su vez, los ciudadanos esperan que la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales les permita lograr una respuesta directa e inmediata a sus inquietudes: cuánto gana el presidente, por qué contrata a sus parientes, cuánto le dan de viáticos, por qué es corrupto y muchas dudas más que han sido planteadas con esas preguntas que acaba de leer.

Los ciudadanos usan la ley para hacerle preguntas vagas, genéricas, muy generales, a los que gobiernan, que así encuentran la manera de torear las respuestas. Y eso genera desaliento, o por lo menos los resultados no animan a otros ciudadanos -por medio del boca a boca- a intentar ejercer su derecho a saber.

Los especialistas recomiendan que en lugar de hacer preguntas se soliciten documentos.

En lugar de preguntar cuántos parientes del alcalde en turno trabajan (o cobran) en la presidencia municipal, que pidan copia de la nómina, lista de raya o listado de trabajadores por honorarios o en cualquier variante.

O para saber quién gana con las obras de pavimentación, en lugar de preguntar la comisión que reciben los altos funcionarios por autorizar una obra, que pidan el expediente relacionado con la licitación o la adjudicación, incluidos los presupuestos.

Pero eso es, obviamente, un trabajo adicional que nadie quiere asumir, a pesar de lo valioso de obtener la información y las herramientas que esto da para denunciar actos de corrupción que podrían frenarse. O para hacer una nota que trascienda el momento y logre generar cambios en la estructura de gobierno o incluso en la estructura jurídica de la sociedad.

Eso, la desidia, he dicho, nos hermana a periodistas y ciudadanos.

De lo perdido ¿lo que aparezca?

Tomemos algunos extractos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Título Primero

Capítulo I

De las Garantías Individuales

 Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta

Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones

que ella misma establece.

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito

Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

 II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

 III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

 IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos.

Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.

 V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa

y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.

 VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

 VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

Y nos saltamos un poco hasta el

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

Y eso que está prohibido es lo que ocurre todos los días, en cualquier lugar y sin que nadie diga nada, porque todo se ve como un hecho aislado, pero la suma de todos esos pequeños incidentes seguramente dará una idea más grande y cruda de lo que es vivir en un lugar bajo control militar, en un estado d excepción no declarado pero real.

Cosas como esas se podrían saber si ejerciéramos el derecho a saber, si pedimos la información necesaria para aclarar nuestras dudas. Y ni siquiera necesitamos acudir a algún lugar, insisto, ni dar nuestro nombre ni ningún otro dato identificatorio.

El problema (o los problemas)

El IMIPE, el órgano garante del derecho a saber, dispone de pocos instrumentos de coerción y quienes ocupan cargos de elección popular son prácticamente inmunes a los reclamos de esta institución.

Aplicar multas y destituir e inhabilitar a funcionarios casi siempre ligados a la operación de las unidades de Información es lo poco que tiene a su alcance el IMIPE.

Es un tigre con sólo dos uñas en una de sus garras. Las otras solo sirven para acariciar.

Claro, la fiera le hace la lucha y se la pasa metiendo miedo a todos los sujetos obligados, que sin embargo no se dejan doblegar, como lo demuestra el contenido incompleto de sus páginas web, o la tardanza para contestar a los requerimientos ciudadanos, como el caso casi emblemático de Zacatepec.

Y lo peor es que, cuando se consigue la información, ni la contraloría, ni el Órgano Superior de Auditoría del Congreso local ni la Procuraduría General de Justicia, ni….

No hay ninguna institución, dependencia, oficina o ventanilla pública que haya sido capaz de meter a la cárcel a un corrupto.

¿tiene entonces sentido solicitar información, compartirla y reclamar en base a ella?

Por supuesto, porque ningún derecho se concede de manera automática o por la gracia de alguien, sino que debe ser conquistado por quienes lo requieren.

Ya tenemos el derecho a saber como única conquista efectiva de la transición política en México, que no democracia, Ahora debemos conquistar el derecho a la justicia, al castigo para    quienes desde el poder violan la ley.

A base de insistir, llegará el día en que un funcionario corrupto terminará en la cárcel y se verá obligado a reponer los recursos públicos que desvío.

Y luego otro, y  otro, y otro, siempre y cuando Felipe Calderón no se acabe primero a este pobre país en guerra.

Y para que un día así llegue, es necesario preservar y mejorar lo que tenemos.

El IMIPE tiene muchas fallas. De hecho una de las principales es que su efectividad depende del grado de compromiso de su presidente en turno.

Cuando le toque a alguien que no tenga ganas de trabajar o que se haya aliado con el poder, iremos para atrás en ese infravalorado derecho.

Pero a pesar de su falta de recursos sancionadores, de su limitado presupuesto, de su dependencia financiera del Ejecutivo y del Legislativo, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística es lo único que tenemos y lo debemos cuidar.

Además, lo que tenemos no es poco. Porque la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del estado de Morelos es una ley de avanzada, ya que la mayor parte de las entidades de México están muy, pero muy atrás.

Hace algunas semanas dentro del diplomado que el IMIPE promueve en la sede del Instituto Profesional de la Región Sur, en Jojutla, se presentó  

 Blanca Lilia Ibarra Cadena, presidenta de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP)

de Puebla, quien luego de hablarnos un largo rato se sometió a las preguntas del público y en una de ellas admitió           que apenas tiene atribuciones para hacer una recomendación a los sujetos obligados (de una lista muy pequeñita) que no entreguen la información que les soliciten,

Si no le hacen caso a su recomendación, entonces le queda como recurso enviar los nombres de los incumplidos a la secretaría de la Función Pública, que decide a quien sancionar. De alrededor de trece casos que ha remitido allá, sólo tres han recibido castigo y los demás han sido exonerados.

Una historia muy distinta a la de Morelos, por supuesto.

Al hablar del tema de la importancia de nuestra Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales me encontré con dos curiosidades, que no corresponden ni siquiera nuestro país,  sino a una nación que se jacta de su modernidad en un continente que ha legislado sobre todas las cosas habidas y por haber y que sin embargo no tiene algo parecido a lo nuestro.

Eso quiere decir que tenemos un patrimonio jurídico más valioso de lo que creemos, que está infravalorado y que debemos cuidar. Y la mejor forma de hacerlo es mediante el ejercicio del derecho que salvaguarda la multicitada ley, en torno a la cual hoy nos hemos congregado.

Por muchas limitaciones que existan en torno al ejercicio del derecho a saber, por pocas que sean las posibilidades de que un funcionario público sea castigado cuando la documentación oficial lo exhibe en la realización de un delito, por muchas que sean las trabas que busquen desanimar a la ciudadanía a ejercer ese menospreciado derecho, se requiere que de manera individual lo fomentemos, que nos sacudamos las inercias de décadas de inmovilidad producto de la represión y que nos asumamos como ciudadanos integrantes democracia que aún no se construye pero que ambicionamos.

Los periodistas, que somos los instrumentos que usa la sociedad para comunicar sus inquietudes, opiniones, conocimientos y dudas a cada una de las partes que la componen, tenemos la obligación de usar como herramienta de trabajo la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, ya que permite lograr un incremento casi inmediato en la calidad de nuestra labor.

Tan sólo por ese beneficio deberíamos ser los principales propagandistas de la ley y no como ahora, que actuamos como el grueso de la gente, con el desgano propio de un país educado por la televisión en la cultura del menor esfuerzo.

El periodismo de investigación, esa rama de mi profesión que representa lo mejor de la técnica y que constituye lo non plus ultra, se facilita con la multicitada herramienta.

Como ciudadanos, podemos ejercer una vigilancia –tan estrecha como queramos- sobre quienes nos gobiernan, en el entendido de que tarde o temprano lograremos incidir en la conducta de quienes hoy abusan abierta y descaradamente de su posición.

Por lo menos podemos decir, cuando se hayan ido con sus bolsotas de dinero en cada mano, que nosotros lo dijimos y no nos quedamos quietos, como el resto de los compatriotas.

En pocas palabras, las cosas podrían ser mejor, pero es todo lo que tenemos. Y si no lo cuidamos se perderá.

O con otro enfoque, más dialéctico, más de acción, de deseos de querer ir hacia delante: El derecho a saber será un derecho pleno en la medida en que más se ejerza. Si se reclama, se exige, se pone en acción, no sólo tomará cuerpo, se volverá más concreto y real, sino que creará nuevos derechos, ampliará el espacio de acción del ciudadano y limitará la ahora enorme discrecionalidad de los gobernantes a su justa dimensión, aquella que señala para ellos que lo que no está permitido está prohibido.

CREDITOS:

Agradecimientos a:

Jorge Sandoval Heredia, por las imágenes mostradas en torno a su actuación como ciudadano participativo.

A Azalea Davis Toledo, por su ayuda cibernética.

Evaristo Torres Ocampo, por las imágenes facilitadas.

A La Unión de Morelos, por las imágenes solicitadas y a Carlos Monroy, encargado de ese archivo.

Al IMIPE, por la invitación

Transparencia en la vida de un ciudadano común (y en la de los periodistas)

Oscar Davis

México MMXI