Charla en Cuautla sobre las leyes de transparencia

A continuación les presento el texto del tema que expuse este sábado en un diplomado que organiza el IMIPE en las instalaciones de la Universidad Latina de Cuautla.

Agradezco la invitación del IMIPE (y el pago de mil pesos por la exposición) y tambien doy gracias por la hospitalidad de mis colegas de la región oriente de Morelos.

He aquí el material relacionado con el derecho a saber:

En el principio fue el verbo

Tradicionalmente, los mexicanos estamos acostumbrados a adoptar, como ciudadanos, dos actitudes fácilmente identificables ante la autoridad: el silencio y la impotente pasividad ante los abusos de que es víctima o el grito estentóreo, más  catártico que efectivo, contra él que abusa, pero sin ninguna acción para buscar el remedio.

Esta última actitud ha sido siempre minoritaria pero ha existido. Es una molestia menor para quienes gobiernan, que si acaso se inquietan un poco pero no mucho ante el que les grita corruptos pero que, fuera de eso, poco les puede hacer.

Por supuesto, aunque supuestamente somos un país democrático desde el año 2000 –yo sostengo que más que eso somos desde esa fecha un país gobernado por panistas, pero no somos un país democrático- las instituciones están por debajo de los hombres comunes y corrientes, que deben aceptar los excesos de los soberanos y arrodillarse ante ellos para dar las gracias.

Y a  nuestro alrededor sobran ejemplos.

Para no ir muy lejos, podemos citar a Gustavo Rebolledo Hernández, presidente municipal de Zacatepec en el trienio 2006-2009.

El señor estaba en el centro de atención de un grupo ciudadano opositor que con las únicas armas que les daba el sentido común trataban de frenar sus excesos. Ese grupo, reducido pero bravío, cada vez que podía (siempre) lo llenaba de calificativos. Obviamente las palabras no le causaban mucha mella al alma, y menos al cuerpo, de este señor.

En cambio, él disponía de los recursos públicos y de lo que con ellos se podía hacer.  Y los usó contra sus detractores.

Las fuerzas de la razón muchas veces sucumben ante la fuerza bruta.

Y Jorge Sandoval Heredia, quien por años acosó sólo con su verbo mordaz a Rebolledo, quedó como santocristo.

Sin embargo. Los tiempos cambian.

Aunque cuando ocurrió la agresión a Sandoval ya existía el IMIPE y la ley de acceso a la información, su uso no estaba muy extendido y pocos recurrían a ella.

Hoy, Gustavo Rebolledo Hernández no es molestado por nadie.

Pero el grupo ciudadano de Zacatepec que vela contra la corrupción municipal aún existe y hoy está dotado de mejores armas, porque saben ejercer su derecho a saber.

A diferencia del pasado, hoy ese grupo de optimistas usa otra estrategia y el resultado, es muy distinto.

Hoy ya no tienen como única salida ir a los desfiles a gritarle palabrotas al alcalde actual, José Carmen Cabrera Santana pués lo tienen acorralado con señalamientos directos y concretos, con los documentos que demuestran las anomalías que  ha cometido, con pruebas oficiales a las que no se les puede dar contestación, porque no se puede desmentir la verdad.

Ahora los golpes (aunque sean dialécticos) los recibe otro. Y no es un solo documento el que  exhibe su mal las anomalías, son cientos y todos oficiales.

Avance democrático

La Ley de Acceso a la Información Pública es la única aportación a la democratización del país que se ha hecho desde el año 2000 en adelante.

Analicen y verán que es el único derecho que hoy disfrutamos que antes no existía.

En ese tiempo hemos perdido varios derechos, incluido el de libre tránsito y el de no ser molestado en nuestras personas y en nuestras cosas sin orden expresa de un juez.

Pero tenemos el derecho a conocer lo qué hacen quienes gobiernan, con todas las limitaciones que sobre el mismo pesan. Pero derecho al fin. Y sin embargo no se ejerce.

En mi doble papel de periodista, pero también de ciudadano comprometido con diversas causas, quiero señalar que fui uno de los promotores indirectos de la legislación, cuando supe que el gobernador Sergio Estrada Cajigal había preparado su propio proyecto de ley, con el que buscaba madrugar en el Congreso, pero con propuestas como la de castigar tanto a los responsables de guardar la información como a quienes la hicieran pública. O sea, a los periodistas.

A gritos y sombrerazos, pero la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales logró ser aprobada tal y como la conocemos.  Y allí desde la doble óptica arriba planteada, surge el primer problema: nadie conoce la ley.

Bastaría preguntar entre los presentes quien la ha leído para certificar esta afirmación.

Y no importa que le preguntemos a un periodista o a un ciudadano. La respuesta es la misma.

Si usamos el lenguaje de la informática, podemos decir que la ley a la que me refiero es muy “amigable”, en el sentido de que ofrece varias opciones para solicitar información, incluida la cibernética. No estamos obligados a acudir a la oficina de la que queremos saber algo.

Adicionalmente ni siquiera tenemos que dar nuestro nombre ni nos pueden poner requisitos para solicitar información, como ya les explicaron quienes me antecedieron.

Los plazos que marca para que la autoridad cumpla o sea requerida también están muy claros, y por las sanciones que en los años anteriores impuso el IMIPE, los encargados de las UDIPs, las unidades de Información Pública, se apresuran por lo general para dar respuesta, así sea irrisoria, incompleta o inadecuada, a lo que piden los ciudadanos.

Pero con todas estas ventajas ni así nos interesamos por ejercer ese casi virgen derecho a conocer, a estar informados.

Y repito, no hablo sólo de los ciudadanos, sino también de los periodistas.

En mi trabajo utilizamos mucho la información oficial. Alguna vez en una charla en la que participé por invitación del IMIPE señalé que en mis tiempos de reportero de investigación era necesario desarrollar habilidades como la de leer los documentos que estaban de cabeza, para aprovechar las visitas a las oficinas de los funcionarios públicos.

También era necesario ser hábil con las manos para sustraer el oficio comprometedor que estaba por allí descuidado y de ese modo obtener pruebas de una nota que se saliera de lo rutinario y, sobre todo, que no fuera una entrevista “banquetera” o una declaración donde todos los colegas ponían su grabadora (aunque en esa época ni a grabadora llegábamos quienes ejercíamos este oficio).

Hoy basta con hacer una solicitud de información y sentarse a esperar el resultado para ver si cae la nota trascendente. Por lo menos así se imaginan muchos de quienes se dedican a este oficio.

Pero ni siquiera eso se atreven a hacer.

En resumen, mis colegas periodistas esperan que de cada solicitud de información salga una buena nota.

Como las cosas no son así, porque se requiere de más trabajo, pues no lo hacen y ya.

A su vez, los ciudadanos esperan que la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales les permita lograr una respuesta directa e inmediata a sus inquietudes: cuánto gana el presidente, por qué contrata a sus parientes, cuánto le dan de viáticos, por qué es corrupto y muchas dudas más que han sido planteadas con esas preguntas que acaba de leer.

Los ciudadanos usan la ley para hacerle preguntas vagas, genéricas, muy generales, a los que gobiernan, que así encuentran la manera de torear las respuestas. Y eso genera desaliento, o por lo menos los resultados no animan a otros ciudadanos -por medio del boca a boca- a intentar ejercer su derecho a saber.

Los especialistas recomiendan que en lugar de hacer preguntas se soliciten documentos.

En lugar de preguntar cuántos parientes del alcalde en turno trabajan (o cobran) en la presidencia municipal, que pidan copia de la nómina, lista de raya o listado de trabajadores por honorarios o en cualquier variante.

O para saber quién gana con las obras de pavimentación, en lugar de preguntar la comisión que reciben los altos funcionarios por autorizar una obra, que pidan el expediente relacionado con la licitación o la adjudicación, incluidos los presupuestos.

Pero eso es, obviamente, un trabajo adicional que nadie quiere asumir, a pesar de lo valioso de obtener la información y las herramientas que esto da para denunciar actos de corrupción que podrían frenarse. O para hacer una nota que trascienda el momento y logre generar cambios en la estructura de gobierno o incluso en la estructura jurídica de la sociedad.

Eso, la desidia, he dicho, nos hermana a periodistas y ciudadanos.

De lo perdido ¿lo que aparezca?

Tomemos algunos extractos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Título Primero

Capítulo I

De las Garantías Individuales

 Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta

Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones

que ella misma establece.

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito

Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

 II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

 III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

 IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos.

Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.

 V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa

y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.

 VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

 VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

Y nos saltamos un poco hasta el

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

Y eso que está prohibido es lo que ocurre todos los días, en cualquier lugar y sin que nadie diga nada, porque todo se ve como un hecho aislado, pero la suma de todos esos pequeños incidentes seguramente dará una idea más grande y cruda de lo que es vivir en un lugar bajo control militar, en un estado d excepción no declarado pero real.

Cosas como esas se podrían saber si ejerciéramos el derecho a saber, si pedimos la información necesaria para aclarar nuestras dudas. Y ni siquiera necesitamos acudir a algún lugar, insisto, ni dar nuestro nombre ni ningún otro dato identificatorio.

El problema (o los problemas)

El IMIPE, el órgano garante del derecho a saber, dispone de pocos instrumentos de coerción y quienes ocupan cargos de elección popular son prácticamente inmunes a los reclamos de esta institución.

Aplicar multas y destituir e inhabilitar a funcionarios casi siempre ligados a la operación de las unidades de Información es lo poco que tiene a su alcance el IMIPE.

Es un tigre con sólo dos uñas en una de sus garras. Las otras solo sirven para acariciar.

Claro, la fiera le hace la lucha y se la pasa metiendo miedo a todos los sujetos obligados, que sin embargo no se dejan doblegar, como lo demuestra el contenido incompleto de sus páginas web, o la tardanza para contestar a los requerimientos ciudadanos, como el caso casi emblemático de Zacatepec.

Y lo peor es que, cuando se consigue la información, ni la contraloría, ni el Órgano Superior de Auditoría del Congreso local ni la Procuraduría General de Justicia, ni….

No hay ninguna institución, dependencia, oficina o ventanilla pública que haya sido capaz de meter a la cárcel a un corrupto.

¿tiene entonces sentido solicitar información, compartirla y reclamar en base a ella?

Por supuesto, porque ningún derecho se concede de manera automática o por la gracia de alguien, sino que debe ser conquistado por quienes lo requieren.

Ya tenemos el derecho a saber como única conquista efectiva de la transición política en México, que no democracia, Ahora debemos conquistar el derecho a la justicia, al castigo para    quienes desde el poder violan la ley.

A base de insistir, llegará el día en que un funcionario corrupto terminará en la cárcel y se verá obligado a reponer los recursos públicos que desvío.

Y luego otro, y  otro, y otro, siempre y cuando Felipe Calderón no se acabe primero a este pobre país en guerra.

Y para que un día así llegue, es necesario preservar y mejorar lo que tenemos.

El IMIPE tiene muchas fallas. De hecho una de las principales es que su efectividad depende del grado de compromiso de su presidente en turno.

Cuando le toque a alguien que no tenga ganas de trabajar o que se haya aliado con el poder, iremos para atrás en ese infravalorado derecho.

Pero a pesar de su falta de recursos sancionadores, de su limitado presupuesto, de su dependencia financiera del Ejecutivo y del Legislativo, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística es lo único que tenemos y lo debemos cuidar.

Además, lo que tenemos no es poco. Porque la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del estado de Morelos es una ley de avanzada, ya que la mayor parte de las entidades de México están muy, pero muy atrás.

Hace algunas semanas dentro del diplomado que el IMIPE promueve en la sede del Instituto Profesional de la Región Sur, en Jojutla, se presentó  

 Blanca Lilia Ibarra Cadena, presidenta de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP)

de Puebla, quien luego de hablarnos un largo rato se sometió a las preguntas del público y en una de ellas admitió           que apenas tiene atribuciones para hacer una recomendación a los sujetos obligados (de una lista muy pequeñita) que no entreguen la información que les soliciten,

Si no le hacen caso a su recomendación, entonces le queda como recurso enviar los nombres de los incumplidos a la secretaría de la Función Pública, que decide a quien sancionar. De alrededor de trece casos que ha remitido allá, sólo tres han recibido castigo y los demás han sido exonerados.

Una historia muy distinta a la de Morelos, por supuesto.

Al hablar del tema de la importancia de nuestra Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales me encontré con dos curiosidades, que no corresponden ni siquiera nuestro país,  sino a una nación que se jacta de su modernidad en un continente que ha legislado sobre todas las cosas habidas y por haber y que sin embargo no tiene algo parecido a lo nuestro.

Eso quiere decir que tenemos un patrimonio jurídico más valioso de lo que creemos, que está infravalorado y que debemos cuidar. Y la mejor forma de hacerlo es mediante el ejercicio del derecho que salvaguarda la multicitada ley, en torno a la cual hoy nos hemos congregado.

Por muchas limitaciones que existan en torno al ejercicio del derecho a saber, por pocas que sean las posibilidades de que un funcionario público sea castigado cuando la documentación oficial lo exhibe en la realización de un delito, por muchas que sean las trabas que busquen desanimar a la ciudadanía a ejercer ese menospreciado derecho, se requiere que de manera individual lo fomentemos, que nos sacudamos las inercias de décadas de inmovilidad producto de la represión y que nos asumamos como ciudadanos integrantes democracia que aún no se construye pero que ambicionamos.

Los periodistas, que somos los instrumentos que usa la sociedad para comunicar sus inquietudes, opiniones, conocimientos y dudas a cada una de las partes que la componen, tenemos la obligación de usar como herramienta de trabajo la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, ya que permite lograr un incremento casi inmediato en la calidad de nuestra labor.

Tan sólo por ese beneficio deberíamos ser los principales propagandistas de la ley y no como ahora, que actuamos como el grueso de la gente, con el desgano propio de un país educado por la televisión en la cultura del menor esfuerzo.

El periodismo de investigación, esa rama de mi profesión que representa lo mejor de la técnica y que constituye lo non plus ultra, se facilita con la multicitada herramienta.

Como ciudadanos, podemos ejercer una vigilancia –tan estrecha como queramos- sobre quienes nos gobiernan, en el entendido de que tarde o temprano lograremos incidir en la conducta de quienes hoy abusan abierta y descaradamente de su posición.

Por lo menos podemos decir, cuando se hayan ido con sus bolsotas de dinero en cada mano, que nosotros lo dijimos y no nos quedamos quietos, como el resto de los compatriotas.

En pocas palabras, las cosas podrían ser mejor, pero es todo lo que tenemos. Y si no lo cuidamos se perderá.

O con otro enfoque, más dialéctico, más de acción, de deseos de querer ir hacia delante: El derecho a saber será un derecho pleno en la medida en que más se ejerza. Si se reclama, se exige, se pone en acción, no sólo tomará cuerpo, se volverá más concreto y real, sino que creará nuevos derechos, ampliará el espacio de acción del ciudadano y limitará la ahora enorme discrecionalidad de los gobernantes a su justa dimensión, aquella que señala para ellos que lo que no está permitido está prohibido.

CREDITOS:

Agradecimientos a:

Jorge Sandoval Heredia, por las imágenes mostradas en torno a su actuación como ciudadano participativo.

A Azalea Davis Toledo, por su ayuda cibernética.

Evaristo Torres Ocampo, por las imágenes facilitadas.

A La Unión de Morelos, por las imágenes solicitadas y a Carlos Monroy, encargado de ese archivo.

Al IMIPE, por la invitación

Transparencia en la vida de un ciudadano común (y en la de los periodistas)

Oscar Davis

México MMXI