EN EL IMIPE

Hoy miércoles participaré dentro de una hora en una charla sobre transparencia.
Esto es lo que voy a decir:
 

El año pasado en un foro así y por el mismo motivo concluí mi participación con la petición de que se le dieran más dientes al IMIPE.

Doce meses después quiero señalar varias obviedades, una de ellas que buscar transparentar el uso de los recursos públicos ha dejado de ser una prioridad para la población y para los grupos organizados, más atentos a evitar colocarse cerca de las balas de los sicarios reales o de correo electrónico.

Los políticos de todos los niveles se han dado cuenta de ese cambio de interés y sacan una gran tajada, al retar abiertamente las leyes vigentes para restablecer el cacicazgo del obscurantismo y el derroche de lo que no es suyo.

Hay presidente municipales como el de Amacuzac que ven secundario cumplir la ley, cualquier ley. O como el de Jojutla, que considera que se le deben respetar sus decisiones porque es un anciano venerable.

El pretexto es lo de menos. El caso es que la ocultación de la actividad gubernamental ha crecido de forma importante en los últimos meses, de manera proporcional al derrumbe de las libertades individuales inherentes a nuestro carácter de ser mexicano pero que han sido conculcadas sin decir agua va.

Los morelenses ya no tenemos derecho a circular sin ser molestados o a la privacidad de nuestros hogares (los autos son una extensión del hogar, según la ley), cualquiera de nosotros puede ser detenido, así sea brevemente, por el “delito” de no identificarse, algo que sólo es obligatorio en determinados trámites legales y nada más.

Incluso, ni siquiera tenemos derecho al honor, porque si el azar determina que alguien ajeno al asunto muera en un enfrentamiento entre autoridades y narcos, con toda seguridad será catalogado como “sicario”. Ni siquiera como presunto sicario.

Por lo menos así le pasó en el primer reporte de los hechos a la señora que perdió la vida en Ahuatepec y al comerciante que se atravesó en el tiroteo de Altitude.

El Estado de Derecho, la relación armoniosa entre ciudadanos en base a las reglas aceptadas por todas en los ordenamientos jurídicos, es en Morelos algo utópico, porque en realidad estamos bajo estado de emergencia, que nadie ha decretado pero allí está.

Tan está, que mis colegas comunicadores lo dan por hecho y lo difunden como si fuera la normalidad.

Como ejemplo cito en el caso de dos hombres que escaparon de su secuestro en una casa de Zacatepec. La vivienda fue rodeada por varias corporaciones pero nadie entró.

Lo que escuché en la televisión fue algo mas o menos así: que las policías estaban a la espera de la llegada del Ejército, “el único facultado para entrar y realizar cateos”. Palabras más, palabras menos.

Es obvio que si lo vi en la tele, puedo pensar que es verdad y esas palabras tan sencillas pero tan venenosas se esparcen por las hondas hertzianas y de allí, en el boca a boca, por cada hogar.

El Ejército es el organismo que tiene el mayor poder de fuego y por lo tanto está a la altura de los narcos, pero no tiene ninguna -absolutamente ninguna- atribución para entrar a una vivienda, detener a una persona o matar a quien considere delincuente.

Ni siquiera para detenerlo bajo una denuncia anónima.

Los delincuentes verdaderos que caen así en la cárcel pueden salir con mucha facilidad porque pueden demostrar ante un juez la ilegalidad de su detención.

Sin embargo, nos comenzamos a acostumbrar a ver todas esas cosas con normalidad, a la espera de que el Ejército y la PFP nos libren de la plaga del narco. Justo lo mismo pasó en Estados Unidos, cuando los ciudadanos de aquel país aceptaron la limitación de sus derechos bajo el pretexto del combate al terrorismo. A la largase dieron cuenta de que habían sido engañados por su gobierno, que sólo quería un pretexto para excederse y torturar en una cruzada que en realidad era para el control de los grandes contratos gubernamentales a manos de unas cuantas empresas, curiosamente ligadas a las familias de los entonces presidente y ex presidente.

Algo así nos está pasando en México y en Morelos en particular. Luego del vergonzoso espectáculo de un gigantesco vacío de poder ese aciago fin de semana del “toque de queda” que los periodistas contribuimos a que fuera verdad, los ciudadanos quieren aferrarse a algo que pueda significar protección.

Y si a cambio de tener al ejército debemos renunciar al derecho a la libre circulación o a la preservación de la intimidad del hogar, pues renunciamos, parece que dijeron quienes creen que esto será temporal.

Pero la naturaleza odia los espacios vacíos y se preocupa por llenarlos.

Y el Ejército llena el ámbito que le corresponde ocupar al gobierno estatal y a los municipales.

Para colmo, dicen que el ejercicio del poder es tan gratificante (aseguran incluso que es afrodisiaco) que nadie renuncia así como  así al poder recién adquirido.

Así es que preocupados por la faltas de seguridad, el peligro de una bala perdida y el recorte de libertades, al rato no nos quedará nada que recuerde al país que amamos.

En esas circunstancias, ¿quien se acuerda de la obligación de transparentar los actos públicos? Quien tiene tiempo en reclamar al alcalde, al regidor o al funcionario de quinta que debe informar? ¿quien se acuerda que el IMIPE, el órgano que a nuestro nombre vela por el cumplimiento de estas obligaciones, tiene armas más retóricas que verdaderas?

Nadie, absolutamente nadie se acuerda.

Y los políticos ya lo han entendido y por eso evaden con tanto gusto sus compromisos.

En doce meses la calidad de vida de la sociedad morelense se ha deteriorado visiblemente, y no solo en lo económico, sino en lo político y en materia de derechos civiles.

Vivimos en una tierra donde las mujeres que requieran abortar y que cumplan con los causales que señala la constitución federal de la república no puedan recurrir a esa salida legal en Morelos. Los empleos que se crean siguen siendo de mala calidad y en número insuficiente para la demanda.

Ya ni siquiera viene el turismo en las cantidades que antes llegaban.

Hemos retrocedido varios años en el desarrollo.

¿qué significa todo eso?

Pues que se ha creado el escenario ideal para lograr el objetivo que se trazó el pan (y políticos de otros partidos que lo secundan en la idea) para liquidar al IMIPE.

Es molesto para el que gobierna dar cuentas a los ciudadanos. Que mejor que terminar el trabajo y dejar al IMIPE como otra figura decorativa más.

Para colmo, hay un factor que ya no es tan decisivo en la defensa de los derechos ciudadanos en Morelos.

Me refiero a los medios de comunicación.

En los acontecimientos de los últimos meses, la radio y la televisión sobre todo, pero también los periódicos, se han hecho eco de las cosas que quieren divulgar lo mismo los narcos que los extremistas de derecha .

Pero se han olvidado de principios e incluso de lo que marca la ley. La de radio y televisión prohíbe expresamente divulgar información que pudiera causar pánico o hacer apología del delito.

Los conceptos periodísticos deberían evitar la difusión sesgada de noticias.

Pero lo mismo al difundir de manera irresponsable la existencia de correos electrónicos que hablaban de temblores determinado día del año o “toques de queda” , o cuando asumen como propias creencias que confunden a su público, como decir que están “a favor de la vida”,  con una frase que el PAN quiere ligar como sinónimo de rechazo al aborto.

Lo peor es que ese nexo se ha logrado construir.

Los medios de comunicación ya no son el arma de la sociedad –nunca lo fueron, pero antes siquiera a medias lo parecían- para contrarrestar los excesos de sus políticos y de sus hombres públicos.

Fueron los medios de comunicación los que propiciaron el debate que introdujo la ley de acceso a la información en Morelos.

Fueron los medios los que frenaron la propuesta regresiva de Sergio Estrada en la materia. Y fueron los medios el principal apoyo del IMIPE para meter en cintura a los sujetos obligados que se salían del huacal.

Pero ahora los medios de comunicación en su mayoría son incapaces de diferenciar un rumor de una noticia, o de explicar a su auditorio que en Morelos el Poder Ejecutivo lucha despiadadamente por el control del Legislativo y del Judicial y que lo que vemos en esos ámbitos no son simples procesos de cambio, sino batallas campales no suficientemente explicadas.

Ante esa imposibilidad de los medios para hacer su papel, y ante la ola de acontecimientos que desvían la atención ciudadana, asuntos como la transparencia del quehacer gubernamental  ha pasado a segundo plano.

El retroceso social está a la vista.