De forma que me pareció sorprendente, ayer supe que los aspirantes de todos los partidos políticos a un cargo de elección popular habían firmado un pacto de ética (y juego limpio) que tenía como objetivo recobrar el respeto de la ciudadanía. Su primer punto consistía en dejar el empleo público con aplicación inmediata, a fin de que nadie contara con ventajas indebidas y, sobre todo, no se usaran recursos públicos en la promoción electoral adelantada.
También incluía el compromiso de renovar completamente los organismos encargados de organizar las elecciones locales y federales, para colocar sólo a personas sin antecedentes de pertenecer a algún partido.
El punto tres del pacto contempla la modificación legal necesaria para que los gastos de los partidos y sus candidatos sea casi inmediata, o sea, que apenas pasarán unos días del ejercicio del dinero cuando ya se sabrá la legalidad del gasto, además de que todo el manejo financiero podrá consultarse en línea sin ningún contratiempo, para evitar primero usos indebidos del dinero público y al mismo tiempo impedir que sumas ajenas a las legales lleguen a las manos de los candidatos y sus operadores.
El punto cuatro incluye el compromiso de reducir la estructura gubernamental, para reducir el número de mandos medios y superiores de la administración federal, las estatales y las municipales, a fin de que las nóminas se reduzcan con la salida de los jefes y no de los empleados, al revés de como siempre se ha hecho.
El punto cinco se me hizo el más importante de todos, pero justo en ese momento desperté y volví a la realidad. Sólo en sueños muy alocados puede ocurrir semejante cosa, pues lo dicho antes va en contra de lo que hacen quienes nos gobierna que, al no tener llevadero, no temen romper la cada vez más delicada estructura social sobre la que subsiste este pobre, sufrido y resignado país.
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